En medio de la causa que investiga a grupos piqueteros por un supuesto sistema extorsivo que tenía una estructura jerárquica de cinco niveles, el Gobierno alineó todos sus dardos contra los dirigentes implicados. Uno de los que cargó contra el comando de las agrupaciones sociales ahora eje del expediente que llevan adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Te acusaban de ser la ‘derecha hambreadora’ mientras se quedaban con la comida de los pobres. Fin”, sentenció este martes el portavoz de Javier Milei, con ironía.

Te acusaban de ser la “derecha hambreadora” mientras se quedaban con la comida de los pobres. Fin.

La gestión libertaria tiene un rol activo en esta investigación. Es que los allanamientos sobre los acusados, que cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos, y a los que se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado, surgieron a través del teléfono que el Gobierno habilitó en diciembre del año pasado para hacer denuncias.

Esa línea 134 fue la que recibió los primeros testimonios de extorsiones para participar de las marchas. De 13.310 llamados se atendieron 2720 y 924 se transformaron en denuncias. La causa que tienen Casanello y Pollicita se centra sobre 45 testimonios que entraron en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

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