El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, con la sospecha de que fue parte de una estafa millonaria al Estado. De acuerdo con los expedientes que presentó en la causa el gobierno nacional, esa agrupación recibió entre 2020 y 2023 unos $360.000.000 (equivalentes a 1.650.000 dólares, según los cálculos de los investigadores) y solo rindió el 30% de esos fondos. Pero además, parte de lo que sí rindió lo justificó con facturas que para la Justicia está claro que son falsas.

Estas son las primeras conclusiones de los investigadores judiciales que analizaron el movimiento del dinero que ingresó a las arcas del Polo Obrero por el Plan Potenciar Trabajo. Este plan contemplaba, por un lado, los ingresos que recibía cada uno de los beneficiarios (y cobraban con su tarjeta personal) y, por otro, fondos que recibían las asociaciones para destinarlos, entre otras cosas, al desarrollo de las actividades educativas, de formación laboral y de emprendimientos productivos. Los fondos que recibían las agrupaciones en sus cuentas son los que sumaron, en el caso del Polo Obrero, los 360 millones de pesos bajo investigación.

CEOs, inteligencia artificial y cierre con Bukele: Milei inicia su viaje a los Estados Unidos en busca de inversiones

De esos $360 millones, según surge de los expedientes que aportó el Ministerio de Capital Humano, solo se rindieron gastos con documentos y facturas por $113 millones (menos de un tercio), informaron fuentes de la causa. Y de ese tercio los investigadores consideran acreditado que $5 millones (unos 30.000 dólares, considerando para los cálculos la fecha de las facturas y el valor de dólar blue) se justificaron como pagos a Coxtex, una empresa fantasma, y otros $20 millones (120.000 dólares), a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, una firma que tiene contactos con el Partido Obrero.

En el caso de Rumbos, entre otras pruebas, se hallaron facturas por conceptos muy diversos que no coinciden con su objeto social, explicaron las fuentes. Dijeron haber provisto desde impresiones hasta kits de seguridad y servicios de transporte. Además, llamó la atención de quienes revisaron los números que las sumas daban cifras redondas, después de calculado el IVA. La hipótesis es que se buscó llegar a un número final y, para eso, se “dibujaron” las cifras anteriores.

El juez sospecha que Rumbos derivaba fondos al Partido Obrero para cubrir gastos partidarios. “Se halló documentación que revela ese rol”, dijeron fuentes judiciales. Además, según supo LA NACION, al menos uno de los socios de la firma figura como aportante de campaña y en el domicilio de Rumbos que aparece en las facturas viviría el hijo del dirigente de izquierda Marcelo Ramal. Consultado por este diario, Marcelo Ramal dijo: “Es de público conocimiento que hace cinco años que me desvinculé del Partido Obrero. Fui incluso candidato por otra fuerza”.

En cuanto a Coxtex, en el juzgado de Casanello creen que directamente no existe. Fue incluida en la base Apoc (de la AFIP, que identifica usinas de facturas falsas). Pero, además, la AFIP informó que no tiene capacidad financiera ni comercial, según constancias de la causa. “Los dos socios de Coxtex figuran como socios de otras usinas de facturas truchas y cuando se hicieron los allanamientos, uno de ellos vivía en Floresta, con toda la familia, en una habitación, y el domicilio declarado de la firma era falso”, informó un funcionario que trabaja en el caso.

Pero las anomalías, creen los investigadores, no se limitan a las facturas de Coxtex y Rumbos, sostienen en los tribunales. También están bajo estudio otras que presentan anomalías que despiertan sospechas sobre su veracidad.

De corroborarse la hipótesis del juzgado, que justificó los llamados a indagatoria de Belliboni y los otros 22 citados a declarar como acusados, quedaría claro que fallaron los controles del Estado sobre el destino de los fondos públicos que manejaban estas asociaciones. Por ahora, no obstante, no hay funcionarios citados a indagatoria ni imputados en la causa.

La facturación apócrifa es, en principio, un engaño a la administración, explican en los tribunales de Comodoro Py, pero no descartan que la eventual responsabilidad penal de los funcionarios sea investigada en una segunda etapa de esta causa.

Este expediente se inició como una investigación de presuntos hechos de extorsión y amenazas a beneficiarios de planes sociales para que asistieran a marchas y movilizaciones. El fiscal del caso es Gerardo Pollicita. Luego de los allanamientos y otras pruebas que se incorporaron, los investigadores advirtieron que en el caso del Polo Obrero debía avanzarse, además, sobre la hipótesis de una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.