Prepagas: las empresas hicieron una propuesta de reintegros en cuotas, pero no hay acuerdo con el Gobierno
Las entidades de medicina prepaga consensuaron una propuesta que presentaron esta tarde en la Justicia. El plan consiste en la devolución a los afiliados de un monto equivalente al 24% de la cuota...
Las entidades de medicina prepaga consensuaron una propuesta que presentaron esta tarde en la Justicia. El plan consiste en la devolución a los afiliados de un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en un plazo de 12 meses. Los importes reintegrados, según la iniciativa, tendrían una actualización según un índice de costos de la salud. Además, los directivos aceptarían que entre julio y septiembre los precios de los planes de salud se ajusten en un índice equivalente al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo (es decir, si la inflación de junio fuera de 7%, por ejemplo, las cuotas de julio subirían un 6,3%).
Pero piden, a la vez, que desde octubre los incrementos de las cuotas queden liberados, tal como ocurrió a partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 firmado en diciembre por el presidente Javier Milei y sus ministros, y hasta que el propio Gobierno empezó a ponerles frenos a las subas, en abril último.
La propuesta fue hecha durante las reuniones que se llevan a cabo en estos momentos en el Juzgado Civil y Comercial N°3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, en el marco de la causa iniciada por la Superintendencia de Servicios de Salud contra un grupo de empresas por supuesta cartelización (acuerdo) en la definición de precios de los planes. Pero el plan planteado por los directivos del sector privado no fue aceptado por la Superintendencia, según dijeron a LA NACION desde ese organismo, representando en la audiencia por el superintendente Gabriel Oriolo, el gerente general Claudio Stivelman y el gerente de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Pierre Ganchegui. Además, por el Gobierno participa el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, que intervino en el tema con una resolución dictada el mes pasado, que les ordenó a siete prepagas reducir sus precios.
Desde ambas partes señalaron que continúan por ahora las gestiones, que se iniciaron esta mañana en la citada dependencia judicial. La convocatoria para el encuentro de hoy (las partes, de todas maneras, se mantienen ahora en salas separadas) fue hecha por Stinco a pedido de varias entidades prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas a las que se las acusó de cartelización para la suba de cuotas a partir de enero. Días atrás se las autoridades del área de Salud pidieron la incorporaron a la causa otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las involucradas.
En su fallo, Stinco dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la inflación acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente). Además, estableció que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del nuevo criterio. Ante este segundo mandato, varias entidades presentaron un pedido de prórroga y de convocatoria a una audiencia para hacer oír sus argumentos, una solicitud a la que se accedió.
Antes del dictado de la medida cautelar (apelada por las empresas afectadas), el Gobierno había dispuesto ya el criterio de suba según los índices mensuales de inflación. Eso ocurrió a mediados de abril y mediante una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, con alcance solo para siete empresas.
Esa normativa se emitió como respuesta a un pedido de investigación por supuesta cartelización hecho en enero por referentes de la Coalición Cívica. Y, si bien durante semanas se prestó a diferentes interpretaciones, finalmente desde el Gobierno se aclaró que si la factura correspondía a mayo, el importe no podría ser superior al de diciembre incrementado en un 114,6% (es decir, por cada $100 pagados a fines de 2023 por la cuota del actual mes no debería abonarse más de $214,6%). Y si la facturación correspondía a abril (es decir, si se cobra a mes vencido, como en el caso de OSDE), la cifra no podría ser más alta que la de diciembre incrementada en un 93,33% (un máximo a facturar de $193,33 por cada $100 de diciembre).
Esa resolución administrativa no les ordena a las prepagas involucradas devolver montos por las subas ya aplicadas. La medida cautelar, en cambio, sí se refiere a los reintegros. Pero el tema está aún en negociaciones y, por tanto, las entidades no están obligadas a hacerlos en lo inmediato.
La propuesta oficial para esa devolución, en tanto, estaba ya contenida en la presentación de la propia denuncia ante la Justicia. Lo que las autoridades buscaban que dispusiera el juez (ahora todo está en conversaciones) era una devolución en siete cuotas del monto total resultante de comparar cada cuota efectivamente cobrada con la que debió haberse cobrado, en caso de aplicarse como parámetro el índice de inflación.
En los cuatro primeros meses del año los precios de los planes de salud tuvieron incrementos que, en promedio, llegaron hasta 165%. Eso pasó porque, tras más de una década en la cual las prepagas solo podían subir con autorización de las autoridades gubernamentales, en diciembre último y a través del ya mencionado DNU 70, el Gobierno derogó toda la normativa referida a la intervención del Estado en los precios del sector. Entre mediados de 2022 y fines de 2023 las cuotas subieron según los resultados de un índice de costos de salud que daba a conocer mensualmente la Superintendencia (la normativa que estableció la vigencia de ese indicador está entre las derogadas por las actuales autoridades).
En abril último, cuando las subas acumuladas empezaron a rondar entre 145% y 165%, el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de declaraciones contra el accionar de las empresas al decir, por ejemplo, que las prepagas le estaban “declarando la guerra a la clase media”. Ahora mismo, mientras que desde el Gobierno dicen que “las prepagas se quedan con plata de los afiliados” por subir los precios más que la inflación, las entidades argumentan que, luego de un año -2023-, en el cual las cuotas aumentaron 137,5% y la inflación fue de 211,4%, lo cobrado a los usuarios se utilizó para pagar prestaciones y servicios, y muestran datos de los costos en alza, principalmente, los medicamentos.
“Estoy convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y los aumentos fueron destinados a los prestadores y a pagar servicios; lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”, dijo este último fin de semana a LA NACION Hugo Magonza, quien recientemente asumió la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la institución que reúne a financiadores y también a prestadores del subsistema privado. Según agregó, desde 2012 (cuando se puso en vigencia la ley de regulación del sector) y 2023, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.
En medio del conflicto por las cuotas, la semana pasada comenzó en los centros privados de atención de la salud un plan de lucha del sindicato de la sanidad, que espera una definición para las paritarias del sector que, por ahora y ya vencido el acuerdo anterior, no avanzan.
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