La sesión maratónica del Congreso realizada el pasado miércoles 12 de junio trajo la aprobación general del paquete fiscal presentado por el gobierno de Javier Milei, aunque con algunas modificaciones impresas sobre el proyecto en el Senado que fuerzan su regreso a la Cámara de Diputados.

Es que el debate en particular de los artículos de esta reforma se saldó con el rechazo a dos de sus aspectos clave: la elevación del piso a partir del cual se paga el impuesto a los Bienes Personales, así como cambios en su alícuota, y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, lo que ampliaría la base de contribuyentes de esta tasa. Ahora, los mismos volverán a la Cámara Baja para su revisión, donde el Gobierno buscará mantener el espíritu de la ley lo más cerca posible del proyecto original.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de aprobarse el texto con las modificaciones que introdujeron el Senado y la Cámara de Diputados, la recaudación anual del tributo ascendería a 0,41% del PBI. En cambio, el proyecto original del poder Ejecutivo preveía una recaudación del 0,5% del PBI. Esa diferencia, de 0,09% del PBI, representaría unos $547,5 mil millones anuales.

Otros aspectos de esta reforma tributaria del gobierno de Javier Milei fueron aprobados por los parlamentarios luego de algunas modificaciones alcanzadas por consenso. Este fue el caso del blanqueo de capitales, que incluso logró los votos del kirchnerismo luego que la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) propusiera que se excluyan las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar el régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad se encuentra a nombre de empresas.

Otro artículo que se modificó en las negociaciones parlamentarias fue el que aumentaba las regalías minerías del 3% al 5%. Con el nuevo paquete fiscal, este incremento no podrá aplicarse de forma retroactiva, y solo alcanzará a los proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la puesta en vigencia de la norma.

Un capítulo de la reforma que fue votado por unanimidad es el que establece una nueva moratoria fiscal, la cual apunta a regularizar deudas vencidas el 31 de marzo último, incluyendo obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Este nuevo régimen permitirá saldar estos pasivos en hasta tres cuotas, y condona un 70% de los intereses punitorios y resarcitorios para quienes ingresen en los primeros 30 días de puesto en marcha el plan. Cabe aclarar que el beneficio disminuye de manera gradual a medida que se amplían los plazos de ingreso a la moratoria.

En cambio, uno de los aspectos que fue eliminado del proyecto original fue el artículo 111, que habilitaba al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos. Dicha medida fue cuestionada por el senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, jurisdicción beneficiada por un régimen de promoción industrial que se mantendrá vigente a partir de las modificaciones introducidas a la ley.