La ley ómnibus —cuyo nombre oficial es ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”— enviada por el presidente Javier Milei al Congreso en la última semana de diciembre, ya está siendo tratada en la Cámara Baja, con una sesión que se prevé pueda extenderse por varios días.

El tratamiento del proyecto se da luego de poco más de dos semanas de negociaciones de la legislación, que modifica o deroga centenas de regulaciones en áreas tan disímiles como la cultura, la economía, la educación y la seguridad. Tras el plenario de comisiones que concernían a la legislación, el Gobierno obtuvo el dictamen de mayoría, aunque con disidencias de fuerzas opositoras dialoguistas, en la madrugada del miércoles 24.

La nueva versión del proyecto eliminó o modificó más de 100 artículos, pero como se mencionó solo obtuvo un dictamen en disidencia por parte de los legisladores opositores más afines al proyecto. De esta forma, al menos 170 artículos objetados por dichos bloques serán tratados de manera puntual en el debate parlamentario, cuyas sesiones se prevén que comiencen el jueves, con la posibilidad de extenderse a más días.

A la ley ómnibus se le suma un paquete de medidas de emergencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el jefe de Estado en una cadena nacional. Además, el economista Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de ambos textos, advirtió que todavía existen más reformas, pendientes de ser enviadas al Congreso.

La ley ómnibus, llamada oficialmente “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” adquirió esta denominación extraoficial por la gran cantidad de áreas sobre las cuales legisla.

Originalmente, el proyecto tenía más de 180 páginas y 664 artículos divididos en varios capítulos. De todos modos, el Gobierno de Milei hizo cambios al texto original, con la intención de obtener el apoyo de sectores de la oposición. De esa forma, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos pasó de 664 artículos a 523, según el borrador al que accedió LA NACION.

El mencionado dictamen completo de la norma todavía no se conoce de manera pública, y diferentes legisladores advirtieron al comenzar la sesión que todavía no lo tenían, y que se esperaba para las 16 de ayer. Por encima de ese documento, las negociaciones del Congreso podrían generar otros cambios en el texto, que no se conocen por el momento.

Pero ya en su primer artículo la ley ómnibus contiene la declaración de emergencia, con sus consecuentes delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y sanitaria por dos años, hasta diciembre de 2025. Si bien en principio también se incluían las áreas social y de defensa, estas fueron retiradas en las negociaciones. De la misma manera, se redujo el período de concesión de estas facultades de dos años (con una prórroga de otros dos años) a un año, con la posibilidad de extenderlo a otro año más a través de una votación del Congreso.

La mencionada delegación de facultades legislativas en distintas áreas que plantea el proyecto en su primer artículo también habilita al Presidente a llevar adelante muchos puntos descartados de la ley ómnibus, ya que “a través de la delegación legislativa se habilita la posibilidad de reemplazar el complejo procedimiento ordinario para la sanción de las leyes por el Congreso, previsto en los artículos. 77-84, por uno mucho más sencillo, que solo requiere la decisión concurrente del Presidente y del jefe de Gabinete de Ministros”, como recuerda un artículo del Dr. Alfonso Santiago publicado por la Cámara de Diputados de la Nación.

También se cambió el alcance de la privatización de las empresas estatales que plantea la iniciativa. Si bien todavía figuran decenas de sociedades estatales, entre las que están los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares y la Agencia Télam, entre muchas otras, se eliminó a YPF del listado y se contempla una privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, uno de los puntos que más discusión trajo en el plenario de las comisiones, el Poder Ejecutivo resolvió que va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, empezaría con una actualización automática por inflación mensual, según el último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esa forma, el oficialismo garantizaría el poder adquisitivo de los jubilados. Esta opción, que privaría a los jubilados de indexar su jubilación a la variación del IPC en meses que se proyectan de alta volatilidad inflacionaria, no fue aceptada por distintos bloques opositores dialoguistas, que lo discutirán en el Congreso.

Otro de los aspectos que más dificultó las negociaciones entre el Gobierno y determinadas provincias fue el capítulo de las retenciones, que el Poder Ejecutivo aceptó ahora reducir a cero para las economías regionales. Además, definieron que el Presidente ya no tendrá la capacidad de aumentarlas unilateralmente, sino solo de reducirlas. Sin embargo, se mantendrán bajo este esquema otras actividades y productos como las exportaciones industriales, la pesca y la producción de malta, que pasarán a pagar el 15% de derechos de exportación. También se mantiene la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz.

También se agregaron modificaciones a los artículos relacionados con el blanqueo de capitales que propone el proyecto y se contempla un beneficio para sujetos cumplidores que deben pagar Bienes personales.

El Gobierno también planteó debatir las reformas electorales del proyecto en sesiones ordinarias. Este apartado, que planteaba la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), la actualización del aporte de legisladores de cada provincia a la Cámara de Diputados y el pase a un sistema de representación uninominal.

Luego de obtener el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, a partir del miércoles 31 de enero, el oficialismo comenzó a debatir el proyecto de ley en el Congreso. En este espacio, los diputados darán su opinión sobre la ley ómnibus y votarán a favor o en contra de ella. Si obtiene la mayoría necesaria, este proyecto de ley pasará al Senado donde se determinará su sanción o rechazo.

La cantidad de diputados expositores programados hacen pensar que las sesiones por la ley ómnibus se extiendan en el tiempo. Según precisó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el tratamiento del proyecto legislativo podría llevar hasta cinco días.

Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei no tiene la mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, por lo que necesita del apoyo de la oposición. El oficialismo esperaba poder aprovechar la cercanía con su asunción para empujar a otros partidos políticos a dar su voto positivo a la iniciativa, pero varios sectores mostraron su rechazo total o parcial hacia ella.