La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció ante la Justicia que los desmanes en las inmediaciones del Congreso cuando se votaba La ley Bases en el Senado fueron “un ataque contra el ejercicio democrático” y deslizó que “resulta llamativa” la coordinación entre los hechos violentos y los intentos del kirchnerismo y otros sectores de la oposición por suspender la sesión legislativa.

La funcionaria, que es presidenta del Senado, se presentó como querellante ante la jueza María Servini, quien está indagando a los 33 detenidos la tarde del miércoles pasado en inmediaciones del Congreso.

Villaruel dijo que los desmanes “no tendrían otro objetivo más que la interrupción del ejercicio democrático del Poder Legislativo de la Nación, en la sesión que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Senadores de la Nación”. Y resaltó que “resulta llamativa la sincronía de los hechos violentos acaecidos en el exterior” del Senado “con los intentos de suspender la sesión en el recinto”, sostiene el escrito que firmó la vicepresidenta.

La vicepresidenta enumeró los piedrazos, los ataques con bombas molotov, el incendio de dos vehículos -uno de ellos de la emisora Cadena 3-, las roturas de vidrios y pintadas del frente del edificio en Entre Ríos 181, con piedra París “de importante valor patrimonial”; el humo que dañó a los empleados y la incidencia de las vibraciones y estruendos sobre los vitraux “de valor patrimonial considerable e histórico”.

“Los hechos descriptos, sin lugar a dudas, podrían considerarse como un ataque al libre ejercicio de las facultades constitucionales propias del Honorable Senado de la Nación que son parte esencial del desarrollo de la vida democrática y republicana” dijo Villarruel.

El escrito compara la situación con lo sucedido en marzo de 2022, cuando otros manifestantes, esta vez durante el Gobierno de Alberto Fernández, atacaron el Congreso cuando se discutía la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lanzaron bombas de pintura contra las ventanas del despacho que ocupaba Cristina Kirchner, en el mismo cargo que hoy ocupa Villaruel. En ese caso, el Senado, también es querellante.

Por esa causa hay seis procesados que irán a juicio oral. Los acusados plantearon una “probation” para suspender el juicio a cambio de realizar tareas comunitarias, pero el fiscal Diego Luciani y el tribunal oral federal N° 2 rechazaron esa idea. El argumento fue que era necesaria la publicidad del juicio y de la prueba para determinar si los atacantes quisieron quebrar el sistema democrático.

El Senado aportó 22 fotografías y tres videos como prueba, además de la versión taquigráfica de la sesión. Y pidió que se identifiquen a la agrupaciones políticas que intervinieron en los hechos violentos desmanes, peritar los teléfonos de los detenidos, requerir a los medios videos de los ataques y al propio Senado, ya que cuenta con cámaras en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Solís.

La jueza María Servini está indagando desde esta mañana a los 33 detenidos por los ataques y destrozos ocurridos en inmediaciones del Congreso el miércoles pasado. En los tribunales de Comodoro Py 2002 la mayoría de ellos son asistidos por la defensora oficial Florencia Plazas, pero otros tienen el patrocinio de abogados particulares como María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

La mayoría de los detenidos se negaba a declarar, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Todos presentaron pedidos de excarcelación que serán resueltos a última hora de hoy por la magistrada cuando se analicen el contenido de las cámaras de seguridad.

El fiscal Carlos Stornelli, que interviene en la causa, ya dictaminó ayer que se debe negarles la excarcelación y dejar a todos presos. Consideró que los desmanes en el Congreso deben investigarse como un “alzamiento contra el orden constitucional”, que tuvo como objetivo impedir que funcionara el Parlamento. Entre los detenidos aparecen una militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), un simpatizante kirchnerista y un referente del sindicato docente Ademys, de la CTA.

A una mujer identificada como Daniela Camargo se la investiga por quemar bicicletas de la Ciudad, y a otro detenido, Cristian Valiente, se le encontró una granada de gas.

Desde el Gobierno responsabilizaron por los desmanes al kirchnerismo y la agrupación piquetera Barrios de Pie, pero sin dar precisiones. El Ministerio de Seguridad, en tanto, anunció que denunciará los daños sufridos por las fuerzas federales que intervinieron para que los responsables paguen los costos del operativo y la reposición y reparación del equipamiento dañado. El objetivo del Gobierno es que se investiguen como actos de “sedición”, con “la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación”.

En total hay diez personas detenidas a disposición de la jueza Servini. Fueron identificadas en el escrito del fiscal como Nora Lonco, Mía Pilar Ocampo, Belén Yanina Ocampo, Remigio Ramón Ocampo, Roberto Gómez, Matías Leonel Ramírez, Facundo Gómez, Santiago Adano, Brian Ortiz y Gabriel Famulari. La Policía Federal dijo que, además, fueron apresados Dylan Gómez, Lucas Ezequiel Balsamo y David Sica. Los dos primeros están presos porqué estaban manipulando objetos en el auto de la radio Cadena 3 de Córdoba incendiado. Otro vehículo, un Citroën C 4, fue incendiado en Virrey Cevallos e Hipólito Yrigoyen por seis hombres que lo giraron para que tapara la calle y lo prendieron fuego junto a un colchón.

Además, fueron detenidas otras 23 personas que estaban a disposición de la Justicia de la Ciudad, pero que ahora quedarán presas en la misma causa de Servini. Algunos de estos detenidos serían, según escribió Stornelli, Martín Dirroco, Mateo Dettorre, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Spinetto (Ademys), Julia Oliva, Sofía Ottogali, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardet (MST), Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Cristian Valiente, Patricia Daniela Calarco o Camargo Arredondo, Juan Colombo, María de la Paz Cemiti, Ramón Méndez Palacios, Luis de la Vega, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia y Ramona Tocaba.

La Policía dijo que a Valiente se le secuestró una granada de estruendo que se va a peritar y que tenía antecedentes penales. Duró, en tanto, se muestra en las redes como un simpatizante del kirchnerismo. El fiscal pidió investigar las responsabilidades de quienes están presos. Quiere determinar quiénes fueron los autores, pero también quiénes oficiaron de partícipes o instigadores, e incluso quiénes podrían haber sido encubridores de los revoltosos.